Existe la percepción, en el mundo político, que los problemas públicos se resuelven con las leyes y el presupuesto público. Atravesamos por una severa crisis de gobernabilidad y seguridad en ciertos estados de la República; se compran entonces nuevas plataformas tecnológicas para el combate al delito. Existe una percepción fuerte de corrupción en diversos niveles de gobierno; se crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Suceden desastres naturales; se arroja dinero al problema con el Fondo Nacional de Desastres Naturales y se pretenden resolver añejos problemas de infraestructura con ello. Así sucesivamente.

Recientemente tuve oportunidad de oír una conferencia del Imco, dirigido por Juan Pardinas. El problema que describía Ricardo Corona, director jurídico del Imco, en esa conferencia es justamente eso: estudió durante varios meses algunos expedientes integrados por los Ministerios Públicos de tres municipios de Morelos. Ahí analizó con detenimiento la calidad de la integración de los expedientes de delitos que iban desde el homicidio hasta el robo. Lo que recabó es una historia de horror que se repite en toda la República: policías mal pagados, corrupción endémica, nula o mala capacitación de funcionarios, falta de procedimientos y hasta la integración en forma manuscrita de miles de formatos (ni pensar en computadoras). En muchos casos la capacitación de estos investigadores se limita a una hora, de vez en cuando, de una persona (contratada para ello) hablando sobre el nuevo sistema de justicia penal.

En gran medida, las fallas del sistema penal están en la etapa que le corresponde al Poder Ejecutivo: la etapa de investigación y persecución del delito a través del MP. Lo anterior hace pensar que los problemas, sobre todo en el ámbito penal, no sólo se resuelven con leyes o presupuesto público. Por más que se tengan leyes en materia penal que tengan los mejores procedimientos y tipificación de delitos, ninguna de ellas va a funcionar si no se aterrizan a nivel de cancha, donde los funcionarios viven día a día el sistema e interactúan con las víctimas y victimarios.

Los problemas se resuelven si se asiste de dinero y un marco jurídico adecuado, pero falta el eslabón perdido: la operatividad del sistema a través de sus recursos humanos, materiales y hasta de infraestructura. Por más buenas intenciones que se tengan para perseguir el delito, crear infraestructura, conectar escuelas, dotar de internet a poblaciones rurales o hasta darle computadoras a los niños de primaria, si no existe un back office bien capacitado, con sueldos y prestaciones de clase media y oficinas dignas, ningún programa público podrá sobrevivir.


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